LA JUSTICIA SIGUE DANDO LA RAZÓN A LOS OBJETORES A EPC

LA JUSTICIA SIGUE DANDO LA RAZÓN A LOS OBJETORES A LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA




288 fallos judiciales son favorables a los objetores mientras 29 niegan el derecho a objetar


Madrid, 21 de enero de 2009. A sólo unos días de la reunión en la que el Tribunal Supremo deberá decidir si los padres tienen o no derecho a objetar a EpC, Profesionales por la Ética ha presentado los últimos datos judiciales relativos a la objeción a este conjunto de asignaturas. En resumen, los datos son los siguientes:

Los objetores han presentado 1682 recursos judiciales. La mayoría se han presentado en la Comunidad Foral de Navarra (362), seguida de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía y Galicia.


288 fallos (entre Sentencias y Autos de medidas cautelares) judiciales son favorables a los padres objetores. Estos fallos se han dictado en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Zaragoza y Huesca.


· 29 fallos presentan fundamento y fallo contrario a la demanda de los padres objetores. Estos fallos se han dictado en Navarra, Galicia, Murcia, Cantabria y Canarias.

· 33 fallos incluyen fundamento favorable a los padres objetores y fallo contrario por falta de pruebas. Estos fallos se han dictado en Asturias; Baleares y Navarra.

El panorama judicial del derecho a la objeción ha sido presentado por José Luis Bazán, Coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, quien ha señalado que la inmensa mayoría de fallos judiciales son favorables a los padres objetores y proporcionan una argumentación muy consistente a favor del derecho a la objeción a EpC. Bazán ha afirmado que, «al contrario de lo que vienen pregonando los medios afines al Gobierno, el reconocimiento de la objeción de conciencia es la defensa de la libertad educativa de los padres». Finalmente, ha mostrado su confianza plena en que el Tribunal Supremo aplicará el Derecho en vigor, especialmente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Por su parte, Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de Profesionales por la Ética ha relatado algunos ejemplos de cómo los objetores a estas asignaturas han sido maltratados, presionados e incluso insultados a lo largo de estos últimos años. «El espíritu democrático, la participación ciudadana, la resolución pacífica de conflictos, el diálogo y la atención a la diversidad, tan presentes en la legislación educativa, rigen para todos los casos pero han brillado por su ausencia en el caso de los objetores que, por motivos de conciencia, se han negado a que sus hijos reciban Educación para la Ciudadanía». La actitud beligerante contra los objetores ha sido muy patente en comunidades autónomas como Andalucía y Asturias aunque Tamayo ha explicado como centros concertados, asociaciones de padres y sindicatos han amenazado o acosado a los padres objetores y a sus hijos. Tamayo ha concluido afirmando que «los miles de padres objetores a EpC no constituyen amenaza para nadie. Apoyados en sólidas convicciones, impulsados por el amor a sus hijos y con gran sufrimiento, luchan por la defensa del derecho a la libertad de conciencia y enseñanza, ante semejante imposición totalitaria del Estado. Siendo inminente el pronunciamiento del Tribunal Supremo, confiamos que en nuestro Estado de Derecho, el sistema jurisdiccional velará adecuadamente por que quede garantizado el respeto a los derechos humanos tan flagrantemente vulnerados».

Finalmente, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, ha resumido en 6 las razones por las que, a su juicio, el Tribunal Supremo va a dar la razón a los objetores a EpC:

1. Porque el Consejo de Estado ya advirtió que no podía formar parte de los contenidos de Educación para la Ciudadanía la difusión de valores no consagrados en la propia Constitución.

2. Porque con estas asignaturas el Gobierno ha pretendido recortar el derecho fundamental de los padres a la educación de sus hijos según sus propias convicciones morales, consagrado no sólo en la Constitución Española, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los principales tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.

3. Porque de manera abrumadora la mayor parte de los fallos judiciales dictados hasta el momento confirman que el derecho a la objeción de conciencia es parte indisociable de la libertad de conciencia, presupuesto indispensable de cualquier régimen democrático, que no precisa de un desarrollo legal específico.

4. Porque las más de 50.000 objeciones de conciencia declaradas hasta el momento, los casi mil recursos judiciales presentados y los más de doscientos fallos judiciales favorables a los padres, ponen de manifiesto, de manera inequívoca, que estas asignaturas no transmiten «valores comunes» a todos los ciudadanos, sino la particular concepción moral de quienes en este momento ostenta el poder político.

5. Porque los principales argumentos con los que el Gobierno ha pretendido justificar la imposición de estas asignaturas se han ido revelando manifiestamente fraudulentos hasta hacerse patente el verdadero significado de esta Educación para la Ciudadanía: la imposición, a todos los escolares, de una determinada visión del mundo y de una concepción moral específica, que muchos no comparten.

6. Porque la libertad y la justicia acaban siempre por triunfar, especialmente cuando la lucha por conseguirlas va acompañada del testimonio y el compromiso cívicos de ciudadanos dispuestos a demostrar, cueste lo que cueste, que hay límites que el Poder nunca puede traspasar. Los padres objetores a EpC constituyen un ejemplo de ciudadanía crítica y participativa que algún día se presentará a los escolares como un modelo de ejercicio responsable y comprometido de los derechos humanos.

http://profesionalescomunica.wordpress.com/

Teresa García-Noblejas

PROFESIONALES POR LA ÉTICA

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS FAVORECE A LOS OBJETORES

Encuentro con José Luis Bazán, experto en Derechos Humanos

Madrid, 10 de diciembre de 2008. Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación Profesionales por la Ética se ha entrevistado con José Luis Bazán para recabar su opinión sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía.

Bazán es doctor en Derecho, autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor en las universidades de Navarra y Católica de París y es uno de los expertos en derechos humanos más importante de nuestro país. Estas han sido algunas de sus afirmaciones (se adjunta entrevista completa al final:

· El artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
· Los padres objetores han percibido la violencia moral que se ejerce sobre sus hijos con Educación para la Ciudadanía.
· Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia.
· No hay previsión legal que permita adaptar Educación para la Ciudadanía al ideario de un colegio.
· El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido el derecho de los padres a oponerse al adoctrinamiento de sus hijos mediante asignaturas obligatorias.
· En menos de un año, los objetores han pasado de ser descalificados socialmente a ser amparados por casi 200 resoluciones judiciales.

ENTREVISTA COMPLETA:

PREGUNTA.- ¿Qué tiene que ver la Declaración de Derechos Humanos con la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía?

RESPUESTA.- Tiene mucho que ver porque el artículo 26.3 de la Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres. Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados. En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.

PREGUNTA. ¿Cómo es posible que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, unas asignaturas que están en un real decreto de obligado cumplimiento? ¿No es ilegal esa objeción?

RESPUESTA. Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.

PREGUNTA. ¿Qué sentido tiene objetar a Educación para la Ciudadanía en un colegio con ideario propio?

RESPUESTA. No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.

PREGUNTA. ¿Existe algún precedente europeo de objeción de conciencia en el ámbito educativo?

RESPUESTA. Si, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega. El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.

PREGUNTA. Sinceramente, ¿cree que el derecho a la objeción en Educación para la Ciudadanía será reconocido por la mayoría de los tribunales?

RESPUESTA. Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia

LOS OBJETORES A CIUDADANÍA HAN PRESENTADO 1562 RECURSOS JUDICIALES

Por Profesionales por la Ética

159 resoluciones favorecen ya a los objetores



Madrid, 19 de noviembre de 2008. A sólo dos meses del inicio del curso escolar, las asignaturas conocidas como Educación para la Ciudadanía (EpC) ya han sido evaluadas e incluso suspendidas por los tribunales de justicia.

Hoy mismo, la asociación Profesionales por la Ética ha presentado los datos de los recursos judiciales que se han visto obligados a presentar los objetores a EpC en defensa de sus derechos. Generalmente, el proceso judicial se ha iniciado cuando los padres que habían presentado su declaración de objeción de conciencia han recibido un escrito de la Consejería de Educación negándoles la posibilidad de objetar.

Según ha afirmado José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la intransigencia de las Administraciones educativas y su insensibilidad con un derecho fundamental como es el de la libertad ideológica y de conciencia, ha obligado a los padres a acudir a los juzgados. «Iniciar un proceso judicial», ha afirmado, «es una medida extrema que se adopta cuando la otra parte, en este caso la Administración, ha cerrado todas las puertas a los ciudadanos, negándoles un derecho que no sólo está recogido en la Constitución Española sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según datos recopilados por Profesionales por la Ética, los padres objetores a EpC se han visto obligados a presentar, a fecha de hoy, 1562 recursos judiciales. Por Comunidades Autónomas destacan los casos de Navarra (362), Castilla-La Mancha (344) y Castilla y León (251).

Los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23). Además, han emitido 116 Autos de medidas cautelares (resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Por otra parte, según Bazán, se han emitido solamente 3 sentencias en Teruel y Navarra denegatorias del derecho a la objeción a EpC. «Existen otras sentencias, concretamente 30 de Asturias y 1 de Baleares que reconocen el derecho de los padres a objetar pero fallan en contra de algunos casos concretos por falta de pruebas».

La exposición de Bazán ha estado complementada por la de la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores de Córdoba, quien ha proporcionado las claves jurídicas de las resoluciones favorables a este derecho. En resumen, estas claves son las siguientes:

· Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los padres y alumnos.

· Todas las sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto.

· Las sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, sin que puedan sufrir ninguna consecuencia negativa en su expediente académico.


Finalmente, ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha recordado que en esta batalla cívica por los derechos fundamentales se han producido situaciones esperpénticas debido a la insensibilidad del Gobierno y de numerosas administraciones autonómicas. Urcelay ha recordado que en septiembre pasado, la ministra de Educación aseguró que no existía ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía. «Ahora podemos preguntarle a doña Mercedes Cabrera si le parecen suficientes problemas 1562 recursos judiciales».


Para el presidente de Profesionales por la Ética, este conflicto social se ha originado exclusivamente por la negativa del Gobierno a escuchar las razones de los objetores apostando, en su lugar, por las amenazas y las presiones a padres y alumnos, llegando a actuaciones presuntamente delictivas como la publicación de los nombres de menores objetores en el Boletín de la Junta de Andalucía.



«La cuestión», concluye Urcelay, «es que miles de ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana. Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia».

En memoria de Julio Gómez Pastrana en Cheque Escolar

En cheque escolar

REDACCIÓN HO.- El sábado 11 de octubre, en El Puerto de Santa María, se celebró el I Encuentro de objetores de Conciencia a Educación para la Ciudadanía de la provincia de Cádiz, organizado conjuntamente por el ‘Foro de Laicos Asidonia’ y las plataformas ‘Padres Objetores Isleños’ (de San Fernando), ‘Cádiz Educa en Libertad’ (de la capital), ‘Es cosa de Padres’ (de Chiclana) y ‘Julio Gómez Pastrana’ (de El Puerto).

Esta última lleva el nombre de un ejemplar padre de familia que, hasta su último suspiro y aunque sabía próximo el momento de su tránsito (que tuvo lugar la pasada primavera), se entregó con enorme entusiasmo a la divulgación de lo que representan los currículos de las materias de Educación para la Ciudadanía y a impulsar un entonces incipiente movimiento objetor, que, gracias a la semilla que él y tantos otros anónimos padres y madres sembraron en sus difíciles inicios, hoy se extiende imparablemente por toda la geografía española.

Su esposa, Teresa Alva, vivió de una manera muy especial la Jornada en la que la plataforma de la que es presidenta de honor hizo de anfitriona a los objetores gaditanos y, conmovida por el entrañable recuerdo de Julio y por la repercusión de la causa a la que él dedicó sus ya menguadas pero descomunales fuerzas, dejó hablar a su corazón y dirigió a las familias objetoras de Cádiz (y por extensión a todas las de España) un emocionado mensaje en el que evoca la figura de su marido.

Leer el discurso en el enlace de Cheque Escolar: ¡Mira, Julio, no estamos solos!

Presentación de la plataforma Julio Gómez Pastrana (a la derecha de la imagen, su presidenta, Teresa Alva)

Los objetores denunciaron en el CEU que «el Gobierno no respeta los derechos de los padres»

Representantes de las principales plataformas de objetores a la asignatura Educación para la ciudadanía se dieron cita en las I Jornadas Católicos y vida pública, organizadas en Madrid por la Asociación Católica de Propagandistas, en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En ellas, el cardenal Rouco Varela manifestó que «el problema de EpC sería fácil de resolver si el Gobierno tuviera buena voluntad»


Hay valores que no admiten componendas

Ricardo Benjumea y José A. Méndez

El Estado tiende a regular todas las parcelas de la persona, sin dejar apenas resquicios a la libertad individual. A la vez, se extiende como dogma la idea de que no hay criterios morales que rijan la conducta del hombre. El cardenal Rouco se refirió a esta paradoja durante la clausura de las I Jornadas Católicos y vida pública en Madrid.

Las Jornadas habían dedicado buena parte de sus conferencias y debates, precisamente, a la polémica asignatura Educación para la ciudadanía, fiel reflejo de este contrasentido: se impone de forma obligatoria a todos los alumnos, y no se limita a impartir nociones sobre educación cívica y ordenamiento jurídico, sino que evaluará a los alumnos por cómo interioricen una serie de valores morales.

Aunque, como se apuntó durante las Jornadas, serían más bien antivalores, pues EpC trata de enseñar que no hay un solo tipo de familia, ni de orientación sexual, ni de norma de comportamiento válida; y afirmar lo contrario sería una forma de intolerancia y discriminación. No hay, por tanto, posibilidad de que una visión católica acerca del mundo pueda pasar el filtro de lo aceptable que establece la asignatura, puesto que sólo el relativismo es permitido.

Según afirmaron algunos de los ponentes de las Jornadas, como don Enrique Domingo -Secretario General de Concapa en La Rioja-, aunque se inventara una versión católica de EpC, quedaría sin resolver el principal problema que plantea la asignatura: la imposición de una formación moral obligatoria no decidida por los padres, en contra de lo que reconoce el artículo 27.3 de la Constitución.

Para el cardenal Rouco, «desde el punto de vista práctico», las diferencias con el Gobierno serían «un problema fácilmente resoluble si hubiese buena voluntad por parte del Gobierno. No hace falta otra cosa. Pero no es fácil que eso se dé», dijo el arzobispo de Madrid que, en reiteradas ocasiones, ha propuesto que EpC se convierta en opcional.


El cardenal aplaudió también la responsabilidad que demuestran muchas familias en su oposición a la asignatura. «Esperemos que la respuesta de los padres vaya in crescendo», dijo, y afirmó que, «tal como está hoy planteada», Educación para la ciudadanía «no es conciliable con el derecho fundamental de los padres a determinar la educación moral y religiosa de los hijos», reconocido en nuestra Constitución. «A pesar de todo, tenemos confianza en nuestro sistema judicial -dijo el cardenal-. Esperemos que se haga la luz».


Vocación totalitaria


También don Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, cargó contra la asignatura durante su intervención, y aseguró que «lo que en el fondo justifica el diseño de EpC» es una «profunda vocación totalitaria» del Gobierno. Una idea que también subrayó doña Isabel Bazo, Presidenta de CECE, al afirmar que «lo que busca el Gobierno con esta asignatura es dividir a la sociedad, y especialmente a los católicos». Además, Bazo recordó que, «si EpC fuera buena, no haría falta adaptarla a los idearios de los centros», y añadió que «el Gobierno puede hacer de nosotros robots clonados en serie, y por eso es tan importante defender el derecho de padres y centros a la libertad educativa».

Por su parte, el Presidente de Profesionales por la Ética, don Jaime Urcelay, recordó que «los objetores sostienen desde hace dos años la defensa de la libertad con su testimonio de compromiso, coraje y tenacidad». Uno de esos objetores es el Secretario General de Concapa de La Rioja, don Enrique Domingo, quien recordó, respecto al contenido con que el Ministerio justifica la materia, que «los españoles sólo estamos obligados a respetar los principio de la Constitución, pero no a admitirlos como principios morales ni como normas éticas. Esta situación es sumamente peligrosa porque mina las bases del Estado democrático».

Asimismo, el Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don Alfredo Dagnino -que clausuró las Jornadas-, afirmó que la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos constituye «un derecho sagrado, primordial e insustituible. La defensa de estos valores, como ha dicho Benedicto XVI, no admite renuncia ni componenda», concluyó.

www.alfayomega.es/

Conferencia de Benigno Blanco sobre la Objeción de conciencia ante la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Tres argumentos de peso para la objeción.

Contenido de la conferencia de Benigno Blanco, unos apuntes, sobre la Objeción de Conciencia a la Eduación para la Ciudadanía.

Conferencia de Benigno Blanco sobre la Objeción de conciencia ante la asignatura Educación para la Ciudadanía. Tres argumentos de peso para la objeción.

Ayer jueves, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, con un aforo completo, y con gente de pié, con una atención que se notaba en el ambiente, numerosos zaragozanos y algunos oscenses y turolenses, prestamos la máxima atención a Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia dando razones para objetar a la asignatura de la Educación para la Ciudadanía por incidir negativamente en los derechos u deberes de los padres para educar a sus hijos.

En un Estado democrático es perder libertad el consolidar un sistema en el que el Gobierno sustituye a los padres en la educación de los hijos y en la definición de los valores éticos y religiosos, ya no tanto por el contenido sino porque es una ingerencia en un derecho primario de los progenitores.

Benigno Blanco expone que el origen de esta asignatura no tiene nada que ver con la plasmación ideológica que se está haciendo en España. Su razón es debida a la preocupación europea ante la incorporación en la UE de los países que estuvieron bajo el telón de acero, con escasas libertades y escasa cultura democrática allá por los años 90. Curiosamente esos países estaban bajo un régimen que ideológicamente es el mismo que gobierna hoy en España. Ante la llegada de los inmigrantes de países delMagreb y del África subsahariana se agudizó el problema. El objetivo: dar el barniz democrático a los hijos para que se adaptasen a un sistema de libertades, no a un sistema de ideología.

La mayoría de los países de la UE ha optado por dar ese barniz sobre instituciones democráticas en otras asignaturas, sólo 7 de los 27 dan una asignatura específica en primaria y16 de los 27 en secundaria. Los contenidos son: Derechos humanos, derechos fundamentales, instituciones democráticas y participación social. Esos contenidos no dan ningún problema ético. Pero en España no es así. El Decreto delBOE de diciembre de 2006 es toda una apuesta por un modelo único de un tipo de ética completamente dañina para nuestros hijos.

Benigno Blanco muestra los tres pilares sobre los que se apoya la asignatura y hacen necesaria la objeción:

1.- En la asignatura se define curricularmente lo que es un buen ciudadano, definiendo un concreto modelo de persona y de presupuestos éticos. Se elimina el concepto griego ojudeo -cristiano del bien y del mal, se parte de la visión profundamente pesimista de que el bien es imposible de conocer, que no hay ni bien ni mal, y se concluye que se "definirá como bien" aquello que no genere conflictos, al mismo tiempo que se define como persona conflictiva toda persona con principios firmes. Con ese criterio se enseña a nuestros niños que todo es indiferente, y por tanto quedan en manos del "yo quiero", de la "voluntad" sin ninguna referencia moral. Ese sistema generará niños conflictivos, violencia e intolerancia, todo lo contrario de lo que dicen pretender. Sólo será freno el miedo al castigo, curioso modo de liberar a nuestros niños.

2.- En la asignatura se define una especie de moral pública. Las normas públicas son al final el único referente ético. Será el BOE el que defina el bien y el mal en cada momento. Y deja la conciencia, la religión, la ética en manos del Parlamento y del Gobierno que serán los que definan lo que tenemos que pensar. El buen ciudadano es el que piensa de acuerdo con lo que le dicta el gobierno. Se ha culminado el proceso de la tiranía del pensamiento de los gobernantes en un sistema democrático. A partir de aquí puede definirse cualquier cosa que estará legitimada por las leyes, incluso la eliminación de los seres humanos que se consideren sobrantes, y también toda limitación de las libertades individuales o colectivas. Sería el Estado el que nos permitiría vivir o pensar.

3.- Imbuida en la ideología de género, la Educación para la ciudadanía sostiene que no hay ni hombre ni mujer, todo se construye desde la voluntad. La orientación sexual se construye por decisión al margen del cuerpo que se tenga. Y se declarahomófobo al que piense y sostenga que un hombre es un hombre y una mujer una mujer. Por eso no es de extrañar textos tan aberrantes como el de "Alí Babá y los cuarenta maricones" y demás propuestas que se encuentran en los textos elaborados por los pensadores socialistas. ¿Podemos dejar a nuestros hijos en alguien con esos planteamientos? Es claro que no recogeremos el mismo niño que les cedimos para que lo educaran.

Ante esto, siendo los padres los primeros educadores de nuestros hijos, la conclusión es clara, no podemos permitir que les impregnen de esos conceptos destructivos. Admitiendo que hay padres que piensan de esa terrible manera, tendremos que acogernos al derecho constitucional de la objeción de conciencia, que es un ejercicio legítimo y democrático, ejerciendo la tutela de nuestros hijos.

Ante la posibilidad de que coexistan textos redactados de acuerdo con el contenido del Real Decreto e impregnados de la mentalidadrelativista , materialista y de ideología de género con otros que digan lo contrario, así como del derecho de libertad de cátedra que gozan los profesores, el panorama a corto plazo es que habrá dos modos de dar la asignatura. Uno de acuerdo con el espíritu de la ley y otro de acuerdo con la ética tradicional de virtudes y valores.

Aún así los que tienen garantizada, temporalmente, la educación de sus hijos, por solidaridad con los que los llevan a centros públicos o centros impregnados de ideologíarelativista , la objeción es el mejor camino. Cuatro millones de objetores podrían llevar a retirar esa ley inicua. Pero, además, los que dijesen "mis hijos tienen la formación asegurada", deberían saber que su "victoria" es temporal, los textos están ahí, el Real Decreto también y la presión seguirá su camino inexorable. Pero además esa asignatura habrá minado la conciencia a multitud de niños y niñas con los que va a convivir vuestro hijo o vuestra hija, el daño indirecto también se produciría.

Benigno Blanco aconseja que, ante las dudas que se presenten, ante los problemas por objetar, que se acuda a la web: www.objetamos.com en la que encontrarán material de consulta y apoyo jurídico para formalizar la objeción y para resolver los conflictos posteriores.

Nos jugamos lo que más queremos, la salud moral y física de nuestros hijos y el ambiente de libertad en el que queremos que crezcan.

frid

Aragón Liberal