Los objetores denunciaron en el CEU que «el Gobierno no respeta los derechos de los padres»

Representantes de las principales plataformas de objetores a la asignatura Educación para la ciudadanía se dieron cita en las I Jornadas Católicos y vida pública, organizadas en Madrid por la Asociación Católica de Propagandistas, en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En ellas, el cardenal Rouco Varela manifestó que «el problema de EpC sería fácil de resolver si el Gobierno tuviera buena voluntad»


Hay valores que no admiten componendas

Ricardo Benjumea y José A. Méndez

El Estado tiende a regular todas las parcelas de la persona, sin dejar apenas resquicios a la libertad individual. A la vez, se extiende como dogma la idea de que no hay criterios morales que rijan la conducta del hombre. El cardenal Rouco se refirió a esta paradoja durante la clausura de las I Jornadas Católicos y vida pública en Madrid.

Las Jornadas habían dedicado buena parte de sus conferencias y debates, precisamente, a la polémica asignatura Educación para la ciudadanía, fiel reflejo de este contrasentido: se impone de forma obligatoria a todos los alumnos, y no se limita a impartir nociones sobre educación cívica y ordenamiento jurídico, sino que evaluará a los alumnos por cómo interioricen una serie de valores morales.

Aunque, como se apuntó durante las Jornadas, serían más bien antivalores, pues EpC trata de enseñar que no hay un solo tipo de familia, ni de orientación sexual, ni de norma de comportamiento válida; y afirmar lo contrario sería una forma de intolerancia y discriminación. No hay, por tanto, posibilidad de que una visión católica acerca del mundo pueda pasar el filtro de lo aceptable que establece la asignatura, puesto que sólo el relativismo es permitido.

Según afirmaron algunos de los ponentes de las Jornadas, como don Enrique Domingo -Secretario General de Concapa en La Rioja-, aunque se inventara una versión católica de EpC, quedaría sin resolver el principal problema que plantea la asignatura: la imposición de una formación moral obligatoria no decidida por los padres, en contra de lo que reconoce el artículo 27.3 de la Constitución.

Para el cardenal Rouco, «desde el punto de vista práctico», las diferencias con el Gobierno serían «un problema fácilmente resoluble si hubiese buena voluntad por parte del Gobierno. No hace falta otra cosa. Pero no es fácil que eso se dé», dijo el arzobispo de Madrid que, en reiteradas ocasiones, ha propuesto que EpC se convierta en opcional.


El cardenal aplaudió también la responsabilidad que demuestran muchas familias en su oposición a la asignatura. «Esperemos que la respuesta de los padres vaya in crescendo», dijo, y afirmó que, «tal como está hoy planteada», Educación para la ciudadanía «no es conciliable con el derecho fundamental de los padres a determinar la educación moral y religiosa de los hijos», reconocido en nuestra Constitución. «A pesar de todo, tenemos confianza en nuestro sistema judicial -dijo el cardenal-. Esperemos que se haga la luz».


Vocación totalitaria


También don Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, cargó contra la asignatura durante su intervención, y aseguró que «lo que en el fondo justifica el diseño de EpC» es una «profunda vocación totalitaria» del Gobierno. Una idea que también subrayó doña Isabel Bazo, Presidenta de CECE, al afirmar que «lo que busca el Gobierno con esta asignatura es dividir a la sociedad, y especialmente a los católicos». Además, Bazo recordó que, «si EpC fuera buena, no haría falta adaptarla a los idearios de los centros», y añadió que «el Gobierno puede hacer de nosotros robots clonados en serie, y por eso es tan importante defender el derecho de padres y centros a la libertad educativa».

Por su parte, el Presidente de Profesionales por la Ética, don Jaime Urcelay, recordó que «los objetores sostienen desde hace dos años la defensa de la libertad con su testimonio de compromiso, coraje y tenacidad». Uno de esos objetores es el Secretario General de Concapa de La Rioja, don Enrique Domingo, quien recordó, respecto al contenido con que el Ministerio justifica la materia, que «los españoles sólo estamos obligados a respetar los principio de la Constitución, pero no a admitirlos como principios morales ni como normas éticas. Esta situación es sumamente peligrosa porque mina las bases del Estado democrático».

Asimismo, el Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don Alfredo Dagnino -que clausuró las Jornadas-, afirmó que la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos constituye «un derecho sagrado, primordial e insustituible. La defensa de estos valores, como ha dicho Benedicto XVI, no admite renuncia ni componenda», concluyó.

www.alfayomega.es/