Population Research Institute.
Carlos Polo
Esta pareja panameña quería ayuda para combatir los diferentes ataques contra la familia. Un peligroso proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional atacaba el corazón de los derechos de los padres de familia panameños. Después de nueve semanas de estar trabajando con los pro-vida panameños desde mi oficina en Lima, Perú, finalmente pude viajar a la Ciudad de Panamá a encontrarme con un grupo multidisciplinario de ellos. A decir verdad, durante todo mi trabajo pro-vida alrededor del mundo, creo que esta experiencia fue una de las mejores que he tenido. Aprendí muchísimo del coraje, actitud y la fe de nuestros amigos, esos valientes pro-vida de Panamá.
El Proyecto de Ley
Como siempre, el proyecto de ley tenía un nombre opuesto totalmente a lo que en realidad proponía: la protección del Niño y del Adolescente. El proyecto de ley fue suscrito por la ministra de Desarrollo Social, María del Carmen Roquebert, pero obtuvo el completo respaldo de la actual administración en la persona de la esposa del Presidente, la señora Vivian Fernández de Torrijos. En la página web de la Primera Dama, ella afirmaba que esta ley era necesaria para procesar a los adultos que abusen de los niños. Mencionaba el abuso sexual, tráfico de drogas y trabajo de menores como asuntos que necesitaban ser legislados.
Sin embargo, lo más importante es que ella negaba tajantemente que el proyecto de ley podría afectar la autoridad de los padres en modo alguno. “Ni la administración de mi esposo, Martin Torrijos, ni yo misma como madre de tres hijos, podría desear respaldar un proyecto de ley contra los padres y la autoridad que ellos deben tener”, afirmó la Primera Dama.
Sin embargo, una lectura minuciosa al proyecto de ley muestra que esta afirmación no corresponde en lo absoluto con su postura política.
Un análisis legal del proyecto de ley hecho por la Dra. Janet Ramos, Directora Ejecutiva del Comité Legal de Alianza para la Familia, mostró que este proyecto contiene un lenguaje que restringe la patria potestad a favor de una acción directa del Estado sobre sus hijos. El razonamiento no es complicado, explicó la dra. Ramos. Sencillamente se cita algunos casos de abuso de los padres a fin de cuestionar la orientación de los hijos por parte de sus padres, y legitimizar un rol primordial del estado en ese campo. Tan pronto como el Estado estuviera legalmente involucrado de esta forma, reemplazar en la práctica a los padres sería algo peligrosamente factible.
El texto del proyecto de ley declara que los niños de Panamá tienen el derecho a su absoluta privacidad. Sin embargo, el texto no menciona el rol de los padres o el respeto por el ambiente familiar en el cual viven los hijos. Esta aproximación podría excluir a los padres de las decisiones de sus propios hijos e hijas. Dicho más claramente, los hijos ahora estarían expuestos a cualquier influencia sin tener que recurrir al consejo o cuidado de sus padres. De esta forma, el Estado podría relevar a los padres de sus obligaciones e influir en los hijos por medio de programas “educativos” en las escuelas o en los centros de salud pública. Este es el punto donde la verdadera agenda del proyecto de ley viene a mostrarse en toda su magnitud.
Desde que UNFPA y UNICEF están detrás de escena respaldando este proyecto de ley, el principal interés del proyecto no podía dejar de mencionar los “servicios de salud reproductiva” y la educación sexual. De acuerdo a los pro-vida de Panamá, la actual administración de Panamá está bajo una fuerte presión para claudicar debido a los $4.5 millones recibidos de UNFPA de los cuáles $2.2 millones están destinados hacia programas de “salud reproductiva”. Como se declara en la página web de UNFPA, uno de las metas de esta fundación era conseguir la aprobación de leyes respecto a los asuntos de salud reproductiva. La idea de dar fondos a un país con el objetivo principal de ejercer presión frente a sus propias leyes internas puede parecer escandaloso, pero gradual y lamentablemente se va convirtiendo en algo cada vez más común. Como las organizaciones elitistas ajenas a los intereses de América Latina ponen presión en países como Panamá para cambiar sus propias leyes a fin de que se ajusten a los propósitos de sus agendas institucionales.
La Estrategia
En 5 días de intensa actividad pro-vida programamos 12 horas de sesiones de entrenamiento en estrategia en temas relacionados a la vida y la familia. El entusiasmo del equipo pro-vida panameño era incomparable. La meta del PRI en este país fue compartir algunos conceptos sobre estrategias prácticas para un trabajo pro-vida participativo, usando la actual crisis como ejemplo de lo que puede lograrse.
Ni darles un “pescado” a los pro-vidas, ni tampoco enseñarles a pescar, el objetivo de este viaje fue invitar a más personas a aprender a pescar juntos.
Revisamos algunos de los conceptos y estrategias desarrolladas durante los últimos cuatro años de trabajo en el PRI por Steven Mosher. Nuestra sesión de entrenamiento usó casos similares que se presentaron en otros países de América Latina para contextualizar lo que estaba sucediendo actualmente en Panamá. Así mismo se analizó lo qué podríamos hacer de forma inmediata y que cosas podríamos implementar a corto plazo.
El proyecto de ley se encuentra en el legislativo de Panamá, donde quería aprobarse aprovechando el típico apuro de fin de año. Era ideal para los pro-aborto aprobar este proyecto de ley antes del 31 de diciembre, pues desde febrero del 2008 el parlamento experimentará un cambio importante. Muchos de los diputados actuales serán candidatos para la siguiente Asamblea Nacional y las actitudes de los diputados actuales cambiarán radicalmente. La siguiente legislatura empezará en marzo del 2008, así que el anuncio fue clave para este escenario.
Juan Francisco and Gabriela de la Guardia (lado izq), Carlos Polo, Marina de Españó and Luis Arrieta (lado der)
Nuestros amigos de Panamá asimilaron bien lo compartido. Ellos evidentemente ganaron tiempo para que el proyecto de ley no se aprobara. Voceros pro-vida denunciaron públicamente en los medios de comunicación, que la ministra Roquebert quería aprobar el proyecto de ley sin discusión alguna. Censuraron su “actitud dictatorial”, la que ellos veían como parte del nefasto pasado de Panamá. La Ministra de Desarrollo Social estuvo sola como la única promotora de esta impopular iniciativa. La crítica sobre la Ministra se incrementó hasta que ella finalmente se vió obligada a retrasar el debate hasta enero.
¿El resultado final es bueno? El escenario ha sido controlado, posponiendo efectivamente la situación por completo hasta marzo del 2008. Dado que el legislativo ha dejado la situación para después, la Ministra y sus aliados tendrán un tiempo muy difícil tratando de desbaratar la resistencia de la gente para lograr la aprobación de este proyecto de ley. La gente está preparada para continuar con la presión en este y otros asuntos ahora que el equipo panameño de ardientes pro-vida están más organizados, con más experiencia y más listos para lidiar con amenazas mayores que se presenten en el futuro.
Carlos Polo es el Director de la Oficina del PRI para América Latina
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