
El problema es que el mes pasado, el recientemente fallecido congresista Tom Lantos, ex-Presidente del Comité para Asuntos Extranjeros, presentó un borrador de proyecto de ley al Comité que esencialmente cambia el carácter del PEPFAR.
La primera cuestión que Lantos plantea es solicitar la “integración” de programas de “planificación familiar” con programas de tratamiento y prevención de HIV/SIDA. Esta medida forzaría a todos los grupos que actualmente proveen tratamiento y prevención para el SIDA a realizar esterilizaciones y proveer anticonceptivos abortivos y condones, o derivar pacientes a organizaciones locales para que lo hagan. Los católicos y la mayoría de los demás grupos cristianos, que proporcionan más del 70% de la atención sanitaria a enfermos de SIDA en algunos países pobres, no podrían aceptar financiamiento bajo esta condición por razones de conciencia.
Los grupos de control de población que promueven el aborto, de otro lado, estarían felices de “integrar” los servicios de prevención del SIDA en su actual oferta de servicios de planificación familiar. El resultado sería la fuente financiera perfecta –miles de millones de dólares en total—para grupos que realizan, promueven y hacen lobby a favor de la legalización del aborto. En otras palabras, los $430 millones que los Estado Unidos proveen a los programas internacionales de planificación familiar podrían ser complementados con miles de millones más. Peor aún, actualmente los grupos pro-aborto no pueden obtener el financiamiento de Estados Unidos para programas de planificación familiar debido a la Política de Ciudad de México, pero ahora podrían hacerlo a través del PEPFAR. Los funcionarios de la IPPF irían al banco a recoger ese dinero con una sonrisa de oreja a oreja.
El proyecto de Lantos también desestimó el componente de 33% de todos los fondos del PEPFAR dirigido a las estrategias de prevención que se centran en la abstinencia y fidelidad matrimonial y que sólo considera condones para los grupos de alto riesgo como las prostitutas. Sin este componente, la única estrategia efectiva para enfrentar la propagación del HIV/SIDA que es la abstinencia se convertiría en letra muerta, pues recibiría poco o nada de apoyo de parte de la PEPFAR.
El borrador de Lantos eliminó de la misma forma otra valiosa provisión. Se ignora la Política sobre Prostitución (the Prostitution Pledge), la cual establece que las organizaciones que combatan el SIDA y que buscan recibir dinero de impuestos de Estados Unidos deben tener una política explícitamente opuesta a la prostitución o al tráfico sexual. Si, escuchó correctamente. Por increíble que parezca bajo este nuevo esquema, los grupos que promueven la prostitución y que así propagan el virus del SIDA de manera comprobada, ahora recibirían dinero para ayudar a prevenir esta transmisión. Es decir, el gato de despensero. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? ¿Por qué los grupos que apoyan el tráfico sexual de mujeres y niños deben recibir un centavo del dinero de los contribuyentes?
El actual esquema incluso incluye una “cláusula de conciencia”, la cual supuestamente asegura que a los grupos basados en la fe no se les niegue financiamiento debido a que se niegan a realizar o remitir casos para esterilizaciones y anticoncepción. Pero sin la financiación para la promoción de la abstinencia, la cláusula de conciencia es irrelevante. Estos grupos pueden esperar recibir poco o nada de fondos.
Finalmente, el esquema dobla el monto de dinero que va a la sede en Suiza de la Global Fund for AIDS (Fondo Mundial para el SIDA). Este ha aumentado de mil millones de dólares a 2 mil millones por año. Pero aunque Estados Unidos provée cerca de 1/3 del financiamiento para la Global Fund, tenemos una ligera sospecha de a dónde va el dinero. Parte del dinero, ahora lo sabemos, va a China y algunos del mismo grupo que está involucrado en la infame Política de un solo hijo. En mi opinión, esta organización se ha descalificado a sí misma para recibir cualquier tipo de financiamiento de Estados Unidos, mucho menos incrementar mil millones de dólares más.
Los pro-vida en el Congreso están trabajando duro para preservar la existencia del programa PEPFAR tal cual viene funcionando. Si bien el actual programa no ha sido un éxito absoluto, sí ha proveído efectivos programas de tratamiento y programas de prevención basados en la abstinencia para un millón de africanos. Ahora hay algunos que quieren convertir todo esto en otra vaca lechera a favor de la industria del aborto y el control de población.
Dada la existencia de una mayoría de los pro-aborto en la Casa de Representantes y en el Senado, el Presidente necesita expresar su oposición públicamente mediante un nuevo esquema tan pronto como sea posible. A nuestro parecer, el Presidente debería decir por anticipado que cualquier proyecto de ley de PEPFAR que quebrante las políticas pro-vida y pro-familias serán vetadas.
Si los pro-aborto nos obligan a escoger entre dar mil millones de dólares de los impuestos para los grupos que promueven el aborto ó acabar completamente con el programa PEPFAR, nuestra decisión es simple: Es mejor que no haya proyecto de ley alguno a tener un pésimo proyecto de ley como el que se pretendería. Colin Mason es el Director para la Producción de Comunicaciones del PRI