¿De quién son nuestros impuestos? ¿Roba el Estado cuando se niega a financiar iniciativas sociales no estatales?

De quien son los dineros de nuestros impuestos.

Algunos piensan que los dineros que los ciudadanos pagamos en nuestros impuestos pierden personalismo al hacerse públicos. Como no son de nadie, los administran los gobiernos según sus intereses, y, lamentablemente, muchas veces según sus ideologías.

La mentalidad que subyace en ese modo de gestionar los dineros públicos es una herencia de los Estados absolutistas y de los Monarcas propietarios. No se distinguen demasiado del estilo con el que los monarcas absolutistas actuales gestionan el “patrimonio personal”, que no es otra cosa que la nación sobre la que gobiernan.

En los gobiernos europeos ese modo de gestionar no se puede hacer sin contar con el ciudadano. Pero ese contar con el ciudadano no es necesariamente hacer lo que la mayoría demanda, lo que un grupo importante de la población necesita o elige; muchas veces se cuenta con el ciudadano sólo para la matemática de elección del gobierno. Y, quienes son elegidos "democráticamente" gobiernan "despóticamente".

Esos dineros públicos requieren una rendición de cuentas responsable y "con responsabilidad" por parte de los políticos que gobiernan. Son sólo gestores de nuestro patrimonio.

Las razones por las que les cedemos nuestros impuestos no es para que vivan de modo exorbitante, ni tampoco para que utilicen el patrimonio de todos, el patrimonio público, como prebendas de político; ni para que se enriquezcan desde el poder. El gobierno de una nación es "un servicio al ciudadano"; no es "un servirse del ciudadano".

Nosotros pagamos a gusto los impuestos cuando vemos un rendimiento razonable de esa riqueza que dejamos que el Estado administre. Invertimos en seguridad pública, en determinados servicios y en infraestructuras entendiendo que sea un ente público, imparcial e independiente, el que cuide de nuestra seguridad; decida los trazados de nuestras vías de comunicación; atienda las necesidades sociales especiales o aquellas en las que los ciudadanos han sido incapaces de generar sistemas eficaces.

Es más difícil entender por qué el Estado se dedica a lo que los ciudadanos ya saben hacer, eso es una especie de intrusismo, de afán de protagonismo y de control. Sí se entiende que el Estado "se interese" por ejemplo en lo referente a la calidad de la enseñanza, de la atención médica, del cuidado de los enfermos. Y, en un Estado con compromiso social, como son las democracias europeas, que también se dedique a esas tareas cuando la iniciativa social no llega del todo.

Se entiende que los Estados, con esa preocupación social, quieran hacer que parte de nuestros impuestos se dediquen a garantizar la sanidad, la atención a los necesitados, la educación y otros servicios sociales; que con su acción esos servicios lleguen a todos los ciudadanos.

Lo que no se entiende es que ese mismo Estado diga que no tiene ninguna obligación de financiar la iniciativa social o privada que se encargue de esas mismas tareas. Esa acción sería sencillamente un robo a los ciudadanos. Sería como recaudar de todos para servir a unos pocos.

Alguno me dirá que los ciudadanos son libres de acudir a los servicios públicos gestionados por el Estado; pero esa misma persona se ha olvidado de un derecho fundamental: "el derecho de elegir, en igualdad de condiciones, el tipo de servicio más acorde a mis convicciones".

Eso es clarísimo en la enseñanza, donde todos los gobiernos con vocación totalitaria imponen su modelo educativo; pero también está claro en la atención médica o personal en otros servicios sociales. Hay instituciones que tienen un plus de humanidad, que te tratan no sólo técnicamente bien, sino humanamente bien, o te atienden corporalmente y espiritualmente. O, sencillamente, te tratan mejor que en la masificada gestión estatal.

El Estado recauda, con sus impuestos, para todos. Alguno me dirá ¿no debe discriminar a favor del más necesitado? Yo le respondería que no puede discriminar en contra del que no está necesitado. Doy por supuesto que el Estado deba ayudar más al que más lo necesita; pero debe atender a todos los ciudadanos. E incluso, para no discriminar tampoco al que más lo necesita, le debe respetar la libertad de elección; y esa elección incluye el derecho a acudir a entidades privadas más acordes con su mentalidad.

No estoy en desacuerdo con que exista una tarifa por los servicios públicos diferente según el nivel de renta. En lo que estoy en desacuerdo es que esos servicios públicos sean estatales. Y cuando se discrimina a otras entidades sociales o privadas se está robando el dinero a todos los ciudadanos. Porque se nos niega el reparto de nuestros propios dineros, el de los impuestos que pagamos.

Y ahí no vale la opción: lo que elija la mayoría. Porque esa mayoría serían 51 ladrones contra 49 robados. Es viable dar a esos 51 el servicio público como lo desean ¿a través del Estado? Pero permitamos a los 49 ser servidos por otras entidades sociales o privadas más acordes a su modo de pensar sin que les suponga renunciar a la parte proporcional de las ayudas públicas que, previamente, el Estado ha recaudado de todos los ciudadanos.

frid